El 30 de marzo de 1985 se produjo el asesinato del sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada Maluenda, del profesor y dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos y del diseñador, pintor y artista gráfico, Santiago Esteban Nattino Allende, todos ellos destacados profesionales comunistas.
Manuel Guerrero y José Manuel Parada, profesor y apoderado del Colegio Latinoamericano de Integración, fueron secuestrados el 29 de marzo de 1985 desde las puertas del establecimiento ubicado entonces la calle Los Leones esquina El Vergel, por un comando de agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). El secuestro se realizó con gran despliegue y a plena luz del día mientras los alumnos iniciaban su jornada escolar, resultando en él baleado y con grave riesgo vital un profesor que intentó defenderlos de sus raptores.
El día anterior, 28 de marzo, había sido secuestrado por el mismo comando don Santiago Nattino en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, a unos 200 metros de su domicilio particular
Los secuestradores, que habían operado en ambos casos de manera impune y ostentosa de su fuerza en las comunas de Providencia y Las Condes, condujeron a los tres profesionales a un cuartel secreto de detención ubicado en la calle Dieciocho, en pleno centro de Santiago y a unas pocas cuadras del Palacio de La Moneda.
Al día siguiente del secuestro y luego de la noche de vigilia de sus familiares y amigos, frente al fundo El Retiro, camino a Quilicura, y cerca del aeropuerto Pudahuel Manuel, José Manuel y Santiago fueron encontrados degollados y con claros signos de tortura en sus cuerpos.
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como Caso Degollados, provocó la indignación unánime de todos los sectores de la población. La Corte Suprema designó para investigar el delito al Juez José Cánovas Robles como ministro en visita. Sólo cuatro meses más tarde de su nominación, la investigación realizada por el Juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso puso en jaque la permanencia del general César Mendoza, General Director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Inicialmente, Mendoza señaló que se trataba de un ajuste de cuentas entre comunistas.
Finalmente en 1994 seis miembros del servicio secreto de la policía fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por el asesinato, además de otros condenados a penas de presidio de menor duración.
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